Con el objetivo de “permitir que los que así lo deseen puedan dejar constancia de que no están de acuerdo con esta nueva ley”. Así lo anunciaba este martes su presidente, Jesús Alegre, denunciando que la más conocida como Ley Celaá ha sido “tramitada por el gobierno de España a espaldas de la comunidad educativa y de la sociedad española en general”.