Su portavoz, Pepe Jiménez, ha señalado que la sentencia del TARC confirma las advertencias que su grupo ha venido realizando, y “deja claro que el procedimiento estuvo cargado de errores políticos, de decisiones dudosas y de falta de transparencia”.
Daimiel Noticias. - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Daimiel, Pepe Jiménez, ha comparecido este mediodía para valorar la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC), dependiente del Ministerio de Hacienda, que anula la adjudicación del servicio de agua potable, alcantarillado y depuración a la empresa Aqualia por un valor de más de 65 millones de euros y una duración de 25 años. Jiménez ha calificado el proceso de adjudicación como una “chapuza peligrosa” y ha exigido “responsabilidades políticas inmediatas” al equipo de gobierno del Partido Popular.
El portavoz socialista ha destacado que esta sentencia confirma las advertencias que su grupo hizo desde el inicio de un proceso que, en su opinión, “ahora queda definitivamente manchado por la forma en que se ha gestionado su adjudicación”.
En su análisis de la sentencia, Pepe Jiménez destaca que el Tribunal ha acreditado que se negó el acceso completo a la documentación mediante una “aplicación arbitraria de las cláusulas de confidencialidad”. El portavoz se pregunta “qué habría que esconder” y denuncia una “total opacidad”.
En su intervención en la sede del PSOE daimieleño, ha criticado el doble rol de Ingeagua que “diseñó el contrato” y que, posteriormente, fue la empresa que “firmó el informe clave” para justificar la oferta anormalmente alta de Aqualia, como constató la Mesa de Contratación.
Para el portavoz socialista, esta adjudicación escondía otra intención: “hacer caja con un traje a medida para ajustar las cuentas, pero el Tribunal ha roto las costuras del disfraz”.
Asimismo, Jiménez ha acusado al alcalde de “silencio, opacidad y arrogancia” y de haber conducido una operación “con total falta de rigor”, apoyándose en una consultora externa en lugar de sus propios técnicos municipales.
Por todo ello, el portavoz exige a Leopoldo Sierra que asuma “las consecuencias de haber llevado al Ayuntamiento a este punto”. También pide reiniciar el proceso garantizando la legalidad y la transparencia, que las nuevas valoraciones se basen en criterios rigurosos e independientes y que no se descarte la gestión pública directa.
“Esta resolución no anula el contrato, pero deja claro que el procedimiento estuvo cargado de errores políticos, de decisiones dudosas y de falta de transparencia”, afirmaba Jiménez, concluyendo que Daimiel “merece un gobierno que escuche, que respete las normas y que actúe pensando en el bien común, no en los intereses de unos pocos”.
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